Ser o no ser, esa es la cuestión

Con más frecuencia que la que desearía, oigo definiciones de nuestra profesión que son de un reduccionismo tal que la convierten en una mera caricatura de nuestra disciplina

Este tipo de definiciones suelen compartir que la principal razón de nuestra profesión es poner en contacto a las personas con los distintos recursos, prestaciones y servicios que puede tener a su alcance para solucionar sus situaciones de necesidad. Para ello, el conocimiento de dichos recursos (y la compleja normativa que les suele acompañar), se convierte en nuestro principal campo de actuación, pues sólo manejando con soltura dicha información podremos encontrar, dentro de la inextricable maraña que conforman estos recursos, aquel o aquellos a los que tiene derecho nuestro sujeto y que mejor van a solucionar sus problemas o carencias.
En muchas ocaciones lo hemos resumido como ser "expertos en recursos". Somos los encargados, como dice la canción, de buscar la pomada que cure el dolor del que tenemos enfrente y de garantizar que se la aplica convenientemente.
Se trata sin duda de una noble función. Y necesaria en nuestra sociedad. Tanto, que la hemos reclamado en exclusividad y como digo, la hemos convertido en nuestra principal identidad como profesionales.
En el juego dialéctico con la sociedad y con otras profesiones hemos construido esta identidad, de manera que las definiciones que la acompañan nos vienen tanto desde fuera como desde nosotros mismos. En el vasto campo de la relación de ayuda nos hemos visto seducidos por la parte del acceso a los recursos, confundiendo esta parte con el todo y encontrando acomodo en "dar ayudas" (con "s" al final) más que en ayudar.
Ha sido un juego peligroso al que hemos jugado durante mucho tiempo, de manera que ahora tenemos difícil salir de este tipo de definiciones.
Como muestra de todo ello, hemos conocido recientemente esta Resolución del Defensor del Pueblo en Navarra , en la que (resumidamente) viene a recordar que, según las Leyes actuales de Servicios Sociales, el deber de información de nuestro sistema sobre las prestaciones del mismo y sobre las del resto de sistemas públicos es prácticamente ilimitada. Esto es, el Sistema de Servicios Sociales (y el Trabajo Social como la profesión de referencia del mismo) tiene la función y obligación de informar de modo preciso y exhaustivo sobre cualquier tipo de prestación o servicio, sea del sistema que sea, al que pueda tener derecho un ciudadano.
Como bien dice Manuel Aguilar Hendrickson en este hilo de Twitter, es lo que tiene atribuir alegremente funciones en la Ley que suenan bien; ...que a veces hay alguien que se lo toma en serio y nos recuerda las responsabilidades que tenemos que asumir.
A mi juicio, llevar a las últimas consecuencias esta función (y más dentro de la complejidad, fragmentación y descoordinación del conjunto de la política social) es una tarea inasumible. O más bien posible a coste (y es algo que viene sucediendo) de reducir las funciones y objetivos del Trabajo Social a ese "profesional experto en recursos" y convertirnos en los gestores de la burocracia que acompaña dichos recursos.
Ya hemos planteando en numerosas ocaciones la necesidad de redefinir el Sistema de Servicios Sociales desde sus cimientos, dado que es la única solución a este tipo de derivas en las que nos encontramos.
Porque son derivas muy peligrosas para la profesión. Si la función social que se (nos) atribuye es esa, deberemos asumirlo y transformarnos en otra cosa. Los planes de estudios de la disciplina deberán cambiar (parece que es una tendencia que en algunas universidades ya se atisba) y primar los contenidos de legislación, normativas, gestión de recursos... frente al resto de materias que estudiamos y que debieran convertirse en residuales.
Creo que es urgente que nos redefinamos y que acompasemos lo que somos y lo que hacemos. Y si no podemos cambiar lo que hacemos... tal vez tengamos que cambiar lo que somos.